¿Realmente eres dueño de un videojuego cuando pagas por él? Esa es la pregunta que quiere poner sobre la mesa un nuevo proyecto legislativo en Estados Unidos. El congresista Ritchie Torres anunció una iniciativa que busca proteger a los jugadores frente a las editoras que retiran juegos de las tiendas digitales o cierran sus servidores.
La propuesta se llama Power To The Players Act y plantea cambiar las reglas sobre la propiedad de los videojuegos. Su objetivo es que comprar un título otorgue derechos de propiedad al consumidor, en lugar de limitarse a una licencia de uso que puede estar sujeta a determinadas condiciones.
Pero hay un detalle que destaca por encima del resto: los juegos que dependan de servicios online tendrían que ofrecer una modalidad offline antes de que se apaguen los servidores que los mantienen funcionando. La idea es que los usuarios puedan seguir jugando después de que una compañía decida dejar de dar soporte a un título.
¿Qué cambiaría con la ley Power To The Players Act?
La iniciativa pretende reforzar tres derechos fundamentales para los consumidores: poseer, jugar y transferir los videojuegos que compran.
En la práctica, el proyecto busca que la compra de un juego digital no se convierta en una simple autorización de uso que desaparezca cuando la empresa cambie sus condiciones o deje de mantener sus servicios.
También pretende proteger la posibilidad de transferir o revender los juegos adquiridos. Esto podría tener consecuencias importantes para el mercado digital, donde las compras suelen estar vinculadas a cuentas y plataformas específicas.
No obstante, todavía no se ha publicado un texto legislativo definitivo que permita conocer todos los detalles, las excepciones o la forma exacta en que se aplicarían estas obligaciones. Por eso, aún no puede afirmarse que la iniciativa vaya a permitir revender cualquier juego digital en todas las plataformas.
El cierre de servidores, uno de los grandes problemas
Uno de los ejemplos utilizados para explicar la iniciativa es NBA 2K25. Según el anuncio de la oficina de Torres, el juego tenía previsto desaparecer de las tiendas digitales el 30 de octubre de 2026 y cerrar sus servidores el 31 de diciembre del mismo año.
El problema es que el cierre de los servicios online puede eliminar el acceso a determinadas funciones por las que los usuarios pagaron. Dependiendo del juego, esto puede afectar al multijugador, a los modos competitivos, a la progresión o a otras características conectadas a los servidores de la compañía.
La propuesta busca evitar que un título pierda toda posibilidad de uso simplemente porque su editora decide terminar el soporte. Para ello, plantea exigir un modo offline antes del cierre de los servidores.
Eso no significa necesariamente que todas las funciones online vayan a seguir disponibles sin conexión. El alcance de la obligación dependerá de cómo se redacte el proyecto y de las reglas que pudieran establecerse posteriormente.
¿La ley ya está aprobada?
No. Este es el punto más importante que deben tener en cuenta los jugadores.
Ritchie Torres anunció su intención de presentar el Power To The Players Act ante el Congreso estadounidense, pero la iniciativa todavía no se había convertido en ley. Para que las medidas entren en vigor, el proyecto tendrá que avanzar por el proceso legislativo y superar los pasos necesarios para su aprobación.
Además, será necesario conocer el texto definitivo para determinar cómo afectaría a las editoras, las tiendas digitales y los videojuegos que requieren una conexión permanente.
Por ahora, los jugadores no deben asumir que ya existe una obligación legal nueva que fuerce a todas las compañías a habilitar modos offline o permitir la reventa de sus compras digitales.
Una batalla que va más allá de los videojuegos
El anuncio también se relaciona con el debate sobre la preservación de los videojuegos y el movimiento Stop Killing Games, que reclama medidas para evitar que los títulos vendidos al público se vuelvan inutilizables cuando termina el soporte oficial.
La discusión no se limita a conservar juegos antiguos. También plantea qué derechos debería tener una persona cuando paga por un producto digital y qué responsabilidades corresponden a la empresa que lo vende.
Si la iniciativa avanza, podría abrir una nueva etapa en la relación entre jugadores y editoras. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer antes de saber si estas propuestas se convertirán en obligaciones reales para la industria.
Por ahora, el mensaje de fondo es claro: Estados Unidos ha puesto sobre la mesa una propuesta para reforzar la propiedad de los videojuegos y evitar que los usuarios pierdan el acceso a sus compras cuando las compañías decidan cerrar sus servicios.
Fuentes
Oficina del congresista Ritchie Torres — anuncio oficial del Power To The Players Act y descripción de las medidas propuestas.
PC Gamer — contexto sobre los derechos de propiedad digital y la propuesta de exigir modos offline.
Ars Technica — análisis de la iniciativa, sus posibles efectos y los obstáculos legislativos y técnicos.
TechSpot — contexto sobre el debate de la propiedad de los videojuegos y el cierre de servicios online.
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